Violencia sexual en Colombia
Colombia: mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual exigen justicia
"La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano."
Corte Constitucional de Colombia, 2008.
Sandra y Carlos (nombres ficticios) vivían del cultivo de su tierra en el departamento de Vichada hasta que en julio de 2010 unos soldados les detuvieron y se los llevaron al monte, acusándoles de ser guerrilleros. Los soldados agredieron sexualmente a Sandra antes de dejarles marchar al día siguiente. Sin embargo, continuaron acosándoles y amenazándoles con entregarles a los paramilitares.
Una semana después, Sandra y Carlos huyeron de Vichada. No obstante, las autoridades se han negado a reconocer la declaración de la pareja de que fueron desplazados forzosamente por la violencia política y, como consecuencia, no han recibido ninguna ayuda del Estado.
Desde la agresión la pareja siente un intenso miedo y angustia, y para Sandra recordar la violencia a la que fue sometida le sigue causando un gran sufrimiento y una profunda sensación de repugnancia. Todavía no ha sido capaz de contar a Carlos todo lo que le hicieron.
La pareja denunció la agresión a la Fiscalía General de la Nación que ahora investiga el caso. Sin embargo, ha habido muy pocos avances y Sandra y Carlos se empiezan a preguntar si tiene sentido insistir en que se haga justicia.
Su caso no es único. Mujeres y niñas vienen siendo objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto armado de Colombia: paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla. Las mujeres sufren abusos sexuales por el simple hecho de serlo, para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y así facilitar la imposición del control militar, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y permitir la apropiación de sus tierras, y para vengarse de los adversarios.
Las defensoras de derechos humanos y las líderes comunitarias son agredidas sexualmente en represalia por su labor o en un intento de silenciarlas.
Muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia. La impunidad impera. Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos se ha comprometido a abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad, hasta ahora las mujeres apenas han visto cambios reales en sus vidas.
Las mujeres y niñas colombianas sobrevivientes de violencia sexual exigen justicia. Ayúdales. Exígeselo tú también al gobierno colombiano.
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Un arma de guerra
En el curso de casi 50 años del conflicto colombiano, la violencia sexual ha sido empleada como arma de guerra por todos los grupos armados –fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros –tanto contra las mujeres civiles como contra sus propias combatientes.
La suma de todos estos factores ha hecho por un lado que este tipo de violencia se haya “normalizado” dentro de la sociedad colombiana y muchas de las mujeres no se consideren victimas porque no creen o no saben que la violencia sexual sea un delito. La violencia sexual es una de las principales causas que encabezan el desplazamiento forzado de las mujeres en Colombia, concretamente 2 de cada 10 desplazadas se han visto obligadas a huir debido a este delito.
El Programa de Oxfam Derechos de las Mujeres en Colombia tiene como objetivo lograr el derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres, al fortalecimiento organizativo y la participación política de las mujeres. Además, el Programa pretende confrontar y disminuir la aceptación social de la violencia contra la mujer en todas sus formas y garantizar que la violencia no queda impune.
Recomendaciones
La existencia generalizada y sistemática de la violencia sexual contra las mujeres empleada por todos los grupos armados como arma de guerra y componente de una estrategia de terror más amplia contra la población civil, puede ser una de las claves para que este delito sea presentado como crimen de lesa humanidad.
La Unión Europea debe reaccionar ante este delito y presionar para que el Gobierno colombiano:
- Ponga en marcha una política integral para transformar las causas que ocasionan esta sistemática violación de los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado
- Lograr su protección y autonomía
- Adoptar medidas para garantizar que la justicia se administra de forma equitativa y eficaz en el país.
Descargar en PDF el informe completo: La Violencia Sexual en Colombia: Un arma de guerra
A continuación ponemos a su alcance un artículo publicado por la organización de Derechos Humanos Colombiana Verdad Abierta. El artículo resume el informe "Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra". Este informe fue impulsado por la ONG OXFAM y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, diseñado y realizado por la ONG Colombiana Casa de la Mujer:
De 489.687 casos registrados de violencia sexual entre 2001 y 2009, según el informe elaborado en la campaña "Saquen mi cuerpo de la guerra", el 36 por ciento de los abusos en contra de las mujeres corresponde a acoso sexual y el 20 por ciento a violaciones cometidas en su mayoría por paramilitares.
La paradoja es que, según datos de Amnistía Internacional, a pesar de que en los procesos de Justicia y Paz los miembros de las autodefensas han confesado la autoría de más de 57.000 crímenes, solo 86 corresponden a delitos de violencia sexual. Hasta la fecha no se ha condenado a ningún paramilitar aunque existen pruebas y denuncias como en el caso de Marco Tulio Pérez alias "El Oso", quien es señalado de violar a varias niñas en San Onofre, Sucre.
"A mi hija la violaron y torturaron los paramilitares de 'Jorge 40?" relata Blanca Díaz madre de Irina Carmen Villero Díaz, niña wayúu de 15 años que fue asesinada en mayo de 2001. "Son miles los casos que permanecen en la impunidad porque a las víctimas les da miedo denunciar, yo doy mi testimonio para conseguir la verdad, la reparación integral y sobre todo para que no se repitan estos hechos de violencia" agregó Blanca.
En 2008 la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía a investigar 183 casos de crímenes sexuales en medio del conflicto, de los cuales el 46 por ciento correspondían a paramilitares, el 19, 4 a miembros de las fuerzas armadas y el 8,5 a guerrilleros. Hasta septiembre de 2010, solo cinco de estos casos fueron sentenciados y el único de esos cinco casos adjudicado a un paramilitar, fue absuelto.
En la campaña "Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la Guerra" liderada Oxfam, la casa de la mujer y la Ruta Pacífica de las mujeres, se evaluaron también las acciones del gobierno de Juan Manuel Santos frente al tratamiento de los delitos de violencia sexual, de los cuales, la tercera parte, son cometidos en medio del conflicto.
"Son lamentables las respuestas del gobierno ante escalofriante diagnóstico de la situación. Antes se pedía que el gobierno pasara de las palabras a los hechos, pero ahora es mejor que se mantenga en las palabras, porque los hechos que presenta son terribles", aseguró el Representante Iván Cepeda al referirse a los resultados del informe y a la propuesta del gobierno de ampliar el fuero militar.
"Falta de coordinación, de voluntad y de responsabilidad política"
Tanto Cepeda como la representante Ángela María Robledo han liderado un control político sobre las acciones emprendidas por las instituciones, sin embargo, a pesar de que se han creado normas y organismos como la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de Género, no han sido suficientes para enfrentar este tipo de delitos.
De acuerdo a Pilar Rueda Jiménez, Defensora Delegada para los Derechos de la niñez, la juventud y la mujer, "es imposible realizar la tarea si no se cuenta con el presupuesto y las personas indicadas, dentro del equipo de la defensoría solo hay 4 personas que deben encargarse del 90 por ciento de los casos a nivel nacional"
De hecho, el presupuesto aprobado para el 2.012 por el Congreso, destinará solo 1, 5 por ciento a la reparación de la víctimas, es decir 3, 8 billones de pesos para implementar la Ley de Víctimas en su totalidad. "Esto es realmente vergonzoso. Es imposible hacer una reparación integral, más en el caso de las mujeres víctimas, con esta cantidad. En vez de avanzar, el gobierno asume disposiciones e iniciativas que son claramente contrarios a los intereses y a los derechos, no solamente a las mujeres sino a la sociedad en general", dijo Cepeda.
El fuero militar y la violencia sexual
Actualmente los militares implicados en delitos de violencia sexual son juzgados por la justicia ordinaria, sin embargo, de aprobarse la propuesta del Ministerio de Defesa de incluir en la reforma a la justicia una ampliación del fuero militar, los miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes en contra de las mujeres, serían juzgados por la justicia penal militar.
"Los hechos de violencia sexual serán tratados como si fuesen parte y resultado del propio servicio militar, generando mayor tolerancia a esta clase de delitos y por tanto un aumento de la impunidad. El juzgado termina siendo su propio juez" dijo Cepeda.
La posibilidad de este tratamiento preferencia para los miembros de la fuerza pública, según Cepeda, "haría que el principio de tolerancia cero en el uso de la violencia sexual como arma del conflicto se convirtiera en tolerancia del 100 por ciento con relación a esta prácticas".
En diálogo con VerdadAbierta, Sergio Rodriguez, penalista y experto en justicia penal militar aseguró que "la justicia ordinaria no tiene la capacidad de juzgar a los miembros de las fuerzas militares porque no conoce los riesgos y presiones que se sufren en medio del conflicto, sin embargo este tipo de delitos que son de tipo común no estan considerados dentro de la ampliación del fuero, deben seguir siendo juzgados por la justicia ordinaria". El problema radicaría entonces en cual es la autoridad que decidiría que delitos serán juzgados por la justicia ordinaría y cuales por la justicia penal militar.
Los puntos críticos
Al hecho de que solo el 9 por ciento de las mujeres víctimas de violencia sexual denuncian públicamente el crimen, según cifras de Oxfam, se suma una falla en la sistematización y seguimiento de los casos que se traduce en la inexistencia de un registro unificado.
"No existen datos desagregados por lugar geográfico, edades, victimarios, es necesario que se responsabilice a una institución de la recolección, estandarización y análisis de la información para poder prevenir yatender adecuadamente los casos", afirmó Amanda Camilo líder del movimiento Ruta Pacifica de las Mujeres.
Además de ésto, existen limitaciones en el acceso a la justicia ya que no hay un sistema de protección para las mujeres víctimas durante los procesos judiciales. La falta de garantías y protección hace que las mujeres no denuncien y la impunidad prevalezca.
Otro de los expertos presentes en este foro dijo que no existe una vía clara a nivel local para proceder luego de un delito de violencia sexual.
"Hace dos semanas se denunció en el municipio Valle del Guamez en Putumayo, la violación de una niña de 8 años, pero en el municipio no existe una ruta de atención. Los familiares prefirieron pasar al ecuador para que atendieran a la niña, la niña no resistió y murió" aseguró Amanda Camilo.Este caso no es sino uno entre miles ya que de acuerdo a los datos de Amnistia Internacional, del total de las víctimas más del 80% corresponde a niñas menores de 18 años, población vulnerable que exige más atención del gobierno y de las instituciones, agregó la Defensora Delegada.
Finalmente, en la atención y seguimiento no hay una obligación a las entidades prestadoras de salud de garantizar los servicios de habitación, alimentación y atención psicosocial a víctimas de la violencia sexual.
Los anteriores son los hechos más preocupantes para las organizaciones que defienden la protección de los derechos de las mujeres tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, no es la primera vez que se identifican estos problemas, y mucho menos la primera vez que se hacen recomendaciones al gobierno colombiano. Lo que sucede, según voceros de las organizaciones, es que la violencia sexual sigue siendo vista como un delito menor en este país, y hasta que no se reconozca la gravedad de estos hechos y se tomen las decisiones necesarias, la impunidad va a continuar o peor aún, a intensificarse.
Fuente: Verdad Abierta
