Conferencia de David Bravo

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Conferencia de David Bravo: Propiedad intelectual y derechos

El genial David Bravo pone los puntos sobre las íes en el debate sobre la propiedad intelectual en una interesante conferencia llevada a cabo en Huelva en Octubre de 2009. En una primera parte, se analizan los argumentos que la SGAE ha estado esgrimiendo hasta que decidió abandonar el debate público. En la segunda parte, se analizan los fundamentos legales y las sentencias por las que queda claro que no es delictivo ni el uso de redes P2P ni la publicación de páginas con enlaces a archivos ubicados en las mismas.

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Una sentencia dice que AIE no puede recaudar por intérpretes de EE UU

Los artistas cobran 25 millones de derechos que no les corresponden

La gestión de las sociedades de gestión de derechos de autor en España vuelve a estar en entredicho. La exigencia de una mayor transparencia fue una petición expresada tanto por la Comisión Nacional de Competencia, en su informe acerca de estas entidades, como por la Subcomisión de la Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados. Sin embargo, las sentencias desfavorables para estas entidades se suceden sin que, por el momento, el Ministerio de Cultura del que dependen haya tomado cartas en el asunto.

Es el caso de la del Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, en la que se declaraba que Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) carece de legitimización para gestionar y reclamar los derechos de los artistas musicales de EE UU. La demanda la había interpuesto la sociedad de gestión contra la exhibidora Cinesa, a la que le reclamaba más de 500.000 euros en concepto de derechos de autor por las bandas sonoras de las películas de este país que se proyectan en sus salas.

Durante este juicio, AIE declaró que «tenían alrededor de 20 o 25 millones de euros recaudados pendientes de repartir entre sus titulares». La sentencia afirma que «al no poder los artistas, intérpretes o ejecutantes músicos norteamericanos reclamar protección alguna en nuestro país al no serles de aplicación nuestra ley, carece de legitimación AIE para gestionar y reclamar sus derechos».

Sin noticias de Cultura

Esto se debe a que, por una parte, EE UU no reconoce ningún derecho de propiedad intelectual a los artistas musicales, actores y actrices que participen en películas u otras obras de carácter audiovisual. Por otra parte, AIE no tiene suscrito ningún convenio internacional de reciprocidad que pueda permitir, según nuestra ley, la recaudación en su nombre de derechos de autor. Así, y según esta sentencia, Cinesa no deberá pagar a AIE la cantidad reclamada por las bandas sonoras de las películas.

Además, como se trata de un derecho que prescribe según los estatutos de la sociedad de gestión a los cinco años «si sus titulares no han ejercido acción de reclamación de pago» (un hecho poco probable ya que los artistas norteamericanos desconocen que exista una entidad en España que recauda en su nombre), AIE puede destinar parte de este dinero «a ingresos de la entidad, correspondientes al ejercicio en que tenga lugar la prescripción». Así, la entidad de gestión podría acumular una cantidad de dinero indeterminada gracias a estas recaudaciones cuando la ley no le reconoce la potestad para realizarlas.

A la vista de esta sentencia, sobre la que la entidad presidida por el músico Luis Cobos no ha hecho comentarios, el Ministerio de Cultura, encargado de aprobar los estatutos de estas sociedades así como sus tarifas, debería responder a las reclamaciones sociales que exigen una mejor gestión de los derechos de autor.

Ingresos ascendentes

AIE es una sociedad de gestión de naturaleza jurídica similar a la SGAE, pero que defiende los derechos de los intérpretes, una denominación que engloba a músicos, cantantes y directores de orquesta, mientras que la entidad dirigida por Teddy Bautista lo hace con los autores y compositores. Durante 2008, AIE recaudó 26,7 millones de euros, un 19,2 por ciento más que en el ejercicio anterior. El número de afiliados asciende a 14.351 a 31 de diciembre de 2008, una cifra que también supone un aumento del 6 por ciento con respecto a 2007. Durante 2008, AIE repartió 57,5 millones de euros entre sus afiliados.

http://www.larazon.es

Discográficas y estudios de cine quieren que instalemos en nuestros ordenadores programas que eliminen las descargas

Las discográficas estadounidenses (RIAA), los estudios de Hollywood (MPAA) y otras asociaciones defensoras de los derechos de autor como la SAG, la AFTRA o la DGA han hecho público un documento conjunto que han enviado a Victoria Espinel, coordinadora de Ejecución de Propiedad Intelectual de EEUU, en el que exponen las medidas orwellianas que, en su opinión, debería adoptar el gobierno norteamericano para acabar con las descargas en Internet.

Las 23 páginas de que consta el documento [PDF] no tienen desperdicio. Entre otras cosas, sugieren que se debería obligar a los internautas a instalar programas que monitoricen en tiempo real el contenido de sus discos duros y, en caso de que encuentren alguna imagen, canción, película, guión o documento que consideraran ilícito, la eliminen de inmediato. Unas aplicaciones que, además, dejan claro que existen desde hace tiempo.

Es más, consideran que los proveedores de acceso a Internet, como Telefónica, Orange, Vodafone o Jazztel, por citar sólo algunos ejemplos, tendrían que implicarse en su causa y filtrar los contenidos a los que pueden acceder sus clientes, capar los protocolos de comunicación que utilizan los programas P2P y controlar a los internautas que tengan un consumo de ancho de banda elevado.

Si estas medidas os parecen surrealistas, preparaos porque vienen curvas. Además de lo que os acabo de referir, estas asociaciones piden al ejecutivo Obama que obligue a los extranjeros que visiten Estados Unidos a rellenar un formulario adicional, además de los que ya debemos cumplimentar actualmente, en el que dejemos claro que no llevamos música o películas piratas encima. Increíble pero cierto.

Asimismo, solicitan la creación de una lista negra de países que no persiguen adecuadamente -desde su punto de vista, claro- a quienes descargan material sujeto a derechos de autor, previo paso a la implantación de sanciones comerciales.

Para acabar, piden que cuando la industria cinematográfica esté a punto de lanzar una película llamada a copar las carteleras de los cines de medio mundo, el gobierno destine un cupo especial de agentes de policía, pagados por supuesto con los impuestos de los ciudadanos, para que investiguen los presuntos casos de piratería, localicen a quienes las distribuyan y los detengan lo antes posible.

Al lado de estos señores, la SGAE parece la Madre Teresa de Calcuta. ¿De verdad creen que la gente va a consentir que instalen en sus ordenadores particulares programas que vigilen qué hacen, qué páginas visitan o qué contenidos descargan? ¿En qué mundo viven?

Ramoncín: “Estoy hasta los huevos”

Ramoncín ha estallado. Echa la mirada atrás y hoy asegura que se arrepiente, que ha pagado cara su defensa por la Sociedad General de Autores de la que fue directivo. “Han conseguido que me arrepienta”, afirma mientras viste una camisa donde dice: “Ya no soy directivo de la SGAE”.

Locuaz, vehemente, incorregible, el cantante Ramoncín a está de acuerdo con aquellos viandantes que, por la calle, claman a su paso ‘La cultura es libre’. A lo que el artista de Carabanchel contesta, “a mi no me lo diga amigo, dígaselo a otro, digáselo al Ministerio de Cultura“, apostilla.

Sin embargo, cuando Jordi Evolé, conocido por el Follonero, en su programa de la Sexta, Salvados, le pregunta: “¿La SGAE tiene que ir a un instituto a recaudar un dinero porque se represente una obra de Lorca?”. Ramoncín contesta: “Es su obligación”, explica. “No es la SGAE la que ha recaudado el dinero, son los autores de las canciones que no han renunciado a sus derechos”, añade.

Muy pesimista en el gesto, manifiesta “estar hasta los huevos”. “Que te llamen ladrón, hijo puta, delincuente y te amenacen de muerte. Entonces yo como siempre he sido el primero que me ha tocado decir -tú a mi no me vas a amenazar y te vas a ir a ver al de negro-”, verbaliza.

“Las discográficas han pecado de soberbia y no han reaccionado a tiempo al fenómeno de Internet”

ENTREVISTA A CÉSAR STRAWBERRY

Por Javier Velasco Oliaga

César Strawberry es cantante y compositor del grupo de hardcore punk Def Con Dos, pero sus inquietudes trascienden el mundo de la música y ha hecho sus pinitos en el cine como compositor de bandas sonoras de películas como Acción mutante y El día de la bestia. Ha escrito guiones y dirigido cortometrajes. Ha publicado diez discos con el grupo de rap metal Def Con Dos y con su proyecto de hardcore melódico Strawberry Hardcore.

Ha redactado infinidad de artículos para la prensa diaria y ha sacado su licenciatura en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando. ¡Vamos, un artista total! que para rematar este inabarcable currículo ha escrito y publicado tres libros. El primero Besando la lona, el segundo Destino zoquete, con la ayuda de un amigo y que se regaló junto a su último álbum Hipotécate tú y ahora ha publicado en Ediciones B su nueva novela Nunca quise ser como tú: obra actual, de un fino humor, crítica y con comentarios que podrían ser tildados de políticamente incorrectos. A él eso le da igual. Lo que ha querido es reflejar un mundo de yuppies que va a la deriva. No se asusten de la foto de la contraportada del libro o de las que acompañan a la entrevista; él no es ni mucho menos agresivo, es un artista total que se sale de la norma general y que nos hace disfrutar con sus creaciones. El libro, por su originalidad y su buena construcción, merece ser leído.

¿Cómo os ha afectado la crisis económica?

El año pasado sacamos el disco en febrero y de alguna manera pasamos de puntillas por la crisis porque a la hora de tocar, el año pasado se bajó el caché y tocamos menos que otros años, pero al final hicimos un año muy bueno, que culminamos con una gira latinoamericana. Este año sí estamos notando más, los ayuntamientos están sin un duro y hay menos trabajo, pero yo no me quejo, porque puedo seguir viviendo del artisteo en una situación económica extrema en la que mucha gente lo está pasando fatal.

Las compañías discográficas están en crisis. ¿Crees que puede haber una solución? ¿No están muy caros los discos?

Siempre. Las discográficas han pecado de soberbia, era un chollo y no han reaccionado a tiempo al fenómeno de internet y cuando lo han hecho la expansión era ya muy grande. Creo que se han quedado fuera. Estamos en un momento de cambio. Me recuerda a los cambios de cuando uno estudia la revolución industrial y había un montón de gente que sobra porque aparecieron las máquinas, pues esto es lo mismo. Yo creo que internet es una revolución tecnológica y va a hacer que una industria desaparezca, que es la industria discográfica. Es doloroso, mucha gente va a ir al paro, yo soy uno de los afectados, porque antes vendía discos y ahora no vendo, pero creo que va a desaparecer de aquí a uno o dos años, no va a quedar nada. No digo que me guste o que me alegre, pero es que es así.

Tú la música y Yo la letra

La privacidad en Internet será un derecho

Expertos y autoridades de 25 agencias de protección de datos, reunidos ayer en Granada, han puesto las bases de lo que será una carta de derechos de privacidad en Internet. En la reunión se han presentado una serie de conclusiones que, una vez ratificadas por los países participantes, darán lugar a la Carta de Granada de derecho de privacidad en el entorno digital.

Uno de los derechos es, en realidad, una obligación. Se impondrá a los usuarios el deber de ser diligentes a la hora de suministrar datos (como colgar una fotografía en Facebook) de terceras personas. Los internautas tendrán derecho a usar servicios de Internet de forma anónima o con seudónimo.

Por su parte, las operadoras no recogerán más información sobre sus usuarios de la que sea estrictamente necesaria, y también tendrán que informarles de fallos de seguridad que puedan afectarles. Las autoridades velarán por el cumplimiento de los derechos. Los firmantes tienen seis semanas para ratificar la carta.

«La SGAE no ha consultado a los Lorca y no queremos que se cobre al instituto»

J. G. CALERO / P. FUSTES | MADRID / LA CORUÑA
Viernes , 05-02-10
Manuel Fernández Montesinos, el sobrino de Federico García Lorca, se mostraba ayer sorprendido por la noticia de que la SGAE quiera cobrar a un instituto coruñés por la función escolar de «Bodas de Sangre». Sobre todo cuando se le informó de que la entidad que vela por la gestión de derechos del inmortal poeta y de otros 100.000 autores ha declarado a ABC que, salvo que los herederos de Lorca digan lo contrario, será necesario pagar los 95 euros para estrenar la función escolar.
Fernández Montesinos fue contundente: «Mire, hace poco nos han consultado si cedíamos nuestros derechos para un par de representaciones en favor de las víctimas del terremoto de Haití y lo hemos hecho. Le puedo asegurar que a mí no me han dicho nada de lo de la función escolar de La Coruña. Puede decir que la familia García Lorca no ha intervenido en este caso, y le afirmo que, cuando se nos consulte, daremos nuestro beneplácito».
«No tenemos dinero»La sorpresa hace reflexionar a Fernández Montesinos, quien recuerda que SGAE lleva los derechos de los herederos del poeta con un contrato «que es como es y hay que cumplir». Es consciente de que la gestión de esta entidad se ha visto envuelta en polémicas acerbas por el afán recaudatorio que traslucen sus intentos de cobro en algún concierto solidario y la resistencia de algunos ayuntamientos a pagar por la música de las fiestas populares. Los García Lorca han colaborado con ONGs y asociaciones benéficas como la del Cáncer en eventos de gran recaudación. «Por eso también le afirmo rotundamente que hay casos en los que cobrar los derechos de autor no está del todo justificado». En medio de la controversia, la SGAE se esfuerza en esclarecer que únicamente se ocupa de «la gestión de la obra de sus socios, sin afán de enfrentamiento ni polémica con nadie».
Para la SGAE, el centro ha asumido el gasto de la producción «con naturalidad», por lo que también deben respetar «el valor de la obra de Lorca y, en general, de nuestro patrimonio cultural». Aun así, representantes de la SGAE comunicaron a ABC que, en el caso de que los herederos de Lorca cedieran los derechos, la entidad «no tendría ningún problema».
Pero el centro no opina lo mismo. «No tenemos dinero». La directiva del IES Ramón Menéndez Pidal todavía ignora cómo afrontarán el canon que la SGAE les exige. Desde el mes de septiembre, esta comunidad educativa ha puesto gran ilusión y dinero en llevar al poeta español a los escenarios. El centro, 3.000 euros; los actores, 8 euros mensuales; los trajes fueron diseñados por antiguos alumnos y cosidos por los propios padres.
«No tenemos ningún ánimo de lucro», sentencia el director del centro, José Toba. Pero, si es necesario, no descartan hacer una colecta para pagar a la SGAE el mismo día de la representación de «Bodas de Sangre» en el recinto municipal coruñes.

SGAE entra en las aulas

Reclama dicha cantidad como canon para que los alumnos representen «Bodas de sangre»
PILAR FUSTES | LA CORUÑA
En «Bodas de Sangre» de Federico García Lorca, el amor es lo único que puede vencer a la muerte. En el IES Ramón Menéndez Pidal, 95 euros es el precio que cuesta salir al escenario para poder dar vida a Leonardo en la tragedia del poeta granadino. El centro educativo coruñés recibió con sorpresa una llamada telefónica de la SGAE: Las sangrientas nupcias no se pueden celebrar sin antes pasar por caja.
El director del instituto del centro de la urbe herculina, José Toba, todavía no se ha recuperado de la inesperada sorpresa y no encuentra calificativos para describir tal situación. Después de un año de ensayos, el representante de la Sociedad General de Autores y Editores de La Coruña, comunica a los chavales de entre 14 y 17 años, que queda «tajantemente prohibida» su representación de «Bodas de Sangre» en un recinto municipal, cedido por el propio ayuntamiento. Carecen de los permisos pertinentes.
Explicar literatura sin texto
«La SGAE está rizando el rizo de una forma escandalosa. Actuando en nombre de la cultura se está cargando la cultura por la base». Toba sabe que no es el primer caso en el que esta entidad traspasa los límites, pero no entiende como puede arremeter contra el ámbito educativo. «Llegará el momento en el que en una clase un profesor tenga que explicar literatura sin leer el texto de ningún autor», afirma incrédulo.
Pasado el primer susto, la directiva del IES Ramón Menéndez Pidal se encuentra con otro obstáculo: ¿a quién debemos pedirle autorización?. Según afirma Tabo. la SGAE desconoce este dato y es el propio instituto quien, a través del Minsterio de Cultura, se entera de que los derechos de la obra de Lorca pertenecen al Centro Dramático Nacional (CDN). «Se sorprendieron de que nos exigieran autorización porque es un representación meramente escolar. Nos dijeron que adelante, pero que tendríamos que pagar 100 euros».
Lo que para Educación es una actividad inserta en el currículum escolar, para la SGAE es «una compañía de teatro aficionado de La Coruña». A pesar de que el CDN tenga cedido lso derechos de «Bodas de Sangre» en exclusividad, la SGAE incide en que «los autores dramáticos (o sus herederos)conceden a una compañía de teatro la autorización y fijan el precio de sus derechos».
Contradiciendo la versión del centro,, la SGAE asegura que explicaron a la «compañía de teatro» la situación y que, de interpretarse la obra, deben pagar. En la tarde de ayer, el director del instituto confirmaba no tener noticias de dicha entidad y la SGAE aseguraba no haber recibido la autorización del CDN. Sea como sea, el paso por caja parece obligado porque, tal y como asevera Tabo «en su afán recaudatorio, la educación les importará poco».

“La gente dice que la cultura es cara, pero paga 15 euros por una copa de garrafón”

MADRID, 13 Abr. (Portaltic/EP) –

Diversos representantes del sector cultural y tecnológico han debatido este martes sobre la actual situación de la industria musical y el nuevo panorama del sector ante las descargas de archivos y la tramitación de la conocida como ‘Ley Sinde’.

Entre los participantes de este evento organizado por la publicación ‘Menos 25′, estuvieron Víctor Domingo (Asociación de Internautas), Andrés Dionis (Coalición de Creadores), Javier Maestre (Bufet Almeida), Mark Kitcatt (Unión Fonográfica Independiente), Gerardo Cartón (PIAS Spain), Miguel Pardo

(Sex Museum) y Rodrigo Cortillas (Cohete).

A lo largo del debate retransmitido a través de ‘Twitter’ hubo posturas enfrentadas –a favor y en contra de la Ley– y Cartón, uno de los críticos con las descargas ilegales, comparó el gasto en discos con el dinero invertido por los ciudadanos en ocio nocturno.

“La gente dice que la cultura es cara, pero paga 15 euros por una copa de garrafón”, aseveró el director de la discógrafica responsable de grupos como Dorian o Aviador Dro. En este sentido, Cartón criticó que en España la cultura “no le importa a nadie”, salvo cuando es gratis.

Cartón recibió el apoyo de otros ponentes como Dionis o Kitcatt, quienes defendieron la importancia de las copias legales, mientras que recibió las críticas de Domingo o Maestre, que entienden que el actual modelo de negocio está obsoleto. Para Kitcatt, “cualquier archivo susceptible de digitalizarse se está quedando sin valor”.

Por el contrario, el presidente de la Asociación de Internautas afirmó que, a día de hoy, ya “no tiene sentido” vender música en formato CD. Asimismo, el abogado del bufet Almeida, Maestre, recordó que la “crisis” únicamente afecta al actual modelo de “reventa” de copias.

LA LEY, “COMO EN LA ÉPOCA FRANQUISTA”

Respecto a la ‘Ley Sinde’, también hubo un posicionamiento diferente. Mientras que Cartón defendió que se trata de una “decisión política que no va a llevar a ninguna parte”, Dionis apuntó a la necesidad de ir contra las “conductas vulneradoras”. En este apartado, Maestre comparó el cierre de páginas webs con la “época franquista”.

En cuanto a posibles cortes del ADSL para los usuarios ‘infractores’, Maestre rechazó esta posibilidad y recordó que no existe el “todo gratis” al pagar por el ordenador y la línea. Por su parte, Dionis aseveró que la Asociación de Internautas “debería luchar” por bajar los precios de ADSL.

El particular ánimo de lucro que practica la SGAE

Rafael Aguilar Latiegui
Riells i Viabrea

Nunca me he dedicado profesionalmente a escribir, aunque soy el autor de la adaptación al catalán de la obra El diari d’Anne Frank (Registro de la Sociedad General de Autores y Editores –SGAE– número 18.877 del 1 de julio de 1985, y Registro de la Propiedad Intelectual número 71.750, del 15 de julio de 1985), que fue estrenada en abril de 1985 en el Casal de la Font d’en Fargas, de Barcelona. Durante los años transcurridos, la obra se ha ido representando docenas de veces, y los grupos de teatro de aficionados que la interpretaron han hecho efectivos a la SGAE unos 60 euros por función en concepto de derechos de autor. He tenido en mis manos los recibos de liquidación correspondientes a las 28 ocasiones en que fui invitado como autor o participé como actor, pero la SGAE todavía no ha hecho ningún ingreso a mi nombre, pese a que dispone del número de cuenta de mi libreta de ahorros.
He reclamado varias veces ese dinero que, como autor, me corresponde, pero la respuesta de la SGAE es que no tiene «ninguna constancia» de que deba pagarme y que, en cualquier caso, puedo presentar una denuncia. Consulté a un abogado, y me aconsejó que no perdiera el tiempo, pues la SGAE acostumbra a recurrir contra todas las sentencias que le son desfavorables hasta llegar al más alto tribunal. La inversión en tiempo sería de varios años, y el coste del letrado y el procurador rebasaría de largo el importe de la deuda. La SGAE es una entidad con ánimo de lucro que protege a unos cuantos divos e ignora a otros autores, lo que permite a su presidente retirarse con una pensión de 24.000 euros mensuales. Que juzgue el lector. Yo solo expongo unos hechos demostrables.

El Periódico

La Universidad de Valladolid, la primera en plantar cara a la SGAE

Ha pagado 200.000 euros por el canon, equivalente al dinero necesario para controlar la calidad en la implantación del ‘Plan Bolonia’

Valladolid.- La Universidad de Valladolid (UVa) será la primera universidad española en sumarse al clamor popular y plantar cara al canon de la SGAE. La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE) ha presentado el informe sobre el gasto que supone para la UVa el canon y las tarifas que tiene que pagar a las sociedades de gestión de cobro, en el cual se recoge el desglose de los más de 200.000 euros que ha pagado por estos conceptos. Una cantidad que equivale al que la Universidad necesita para llevar a cabo un control de la calidad en la implantación del ‘Plan Bolonia’, según sus portavoces.

ADDE va a presentar una propuesta en el Consejo de Gobierno para que la Universidad de Valladolid inste a los servicios jurídicos a exigir a la SGAE la devolución de las cantidades cobradas. En palabras del portavoz de ADDE, Eduardo Carazo, “es inaceptable que la SGAE trate a la Universidad como si fuera pirata, cuando precisamente la Universidad es la mayor difusora de la cultura y el conocimiento”. “Ese dinero equivale al necesario para que la UVa lleve a cabo el control de la calidad en la implantación de Bolonia”, ha añadido Carazo.

De llevarse a cabo esta propuesta, la Universidad de Valladolid será la primera universidad de España en plantar cara a la SGAE.

En paralelo a esta propuesta, ADDE ha iniciado una campaña masiva de información en todas las facultades, en las cuales ha colgado carteles, pancartas y grandes banderas con una calavera pirata para informar a los alumnos del ‘saqueo’ que ha llevado a cabo la SGAE.

El grupo ADDE es la asociación con mayor implantación y representación del alumnado en la Universidad de Valladolid. Así lo refrenda el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años en defensa de las titulaciones del campus, la lucha contra el fracaso académico y las asignaturas llave, además del trabajo en defensa de los derechos de los estudiantes en la adaptación de los planes de estudio a Bolonia.

La SGAE se hunde en ‘números rojos’ y exige ahora 100 millones a la prensa

Javier Romera / Alejandra Ramón | 13/04/2010 – 7:22

Al presidente de la SGAE, Teddy Bautista, no le cuadran las cuentas. La Sociedad General de Autores y Editores no consigue remontar el vuelo y en los dos últimos años acumula unas pérdidas de explotación por valor de más de 18 millones de euros, de los que 7 millones corresponden al último ejercicio, cerrado el pasado 31 de diciembre. El Supremo exige autorización para pedir datos a una operadora

A pesar de su voracidad recaudadora, los autores no han conseguido esquivar la recesión que golpea a España y en plena crisis económica han reducido sus ingresos un 5,1 por ciento, hasta 316 millones de euros.

Aunque es cierto que se aprecia una cierta mejoría en el resultado neto -han pasado de perder 1,46 millones de euros en 2008 a tener unos números rojos de 644.000 euros el pasado ejercicio-, la situación financiera de la entidad comienza a complicarse cada día que pasa. Sobre todo, porque su nivel de endeudamiento supera ya todos los ratios razonables, alcanzando los 374 millones, lo que supone un 2,7 por ciento más que el año anterior.

Críticas de los socios

Gran parte de los socios y miembros de la junta directiva de la SGAE critican que en este difícil entorno, la entidad haya comprometido 450 millones de euros para la creación del gran sueño empresarial de su presidente. Bautista tiene un presupuesto de 350 millones de euros para la creación de una red de 17 palacios, teatros y edificios simbólicos por todo el mundo, en países como España, Argentina, México, Brasil y Estados Unidos (EEUU).

Y por si todo esto fuera poco, ha comprometido además otros 100 millones de euros, un tercio de los ingresos de la SGAE, que en teoría deberían destinarse a pagar los derechos de autor, para avalar a las empresas que ha creado en torno a la misma -que no tienen ánimo de lucro-, para que puedan afrontar la crisis. Bautista necesita dinero urgente para todo ello y no duda en criticar por eso a los medios de comunicación y exigirles hasta 100 millones de euros.

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