¿Iguales ante la ley?,... y una mierda
Los españoles no se consideran iguales ante la ley
Pese a lo que dice el artículo 14 de la Constitución, el 68,8% de los españoles no cree que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hecho público hoy. Además, un 82,6% considera que esta favorece a los ricos, a los políticos y a los poderosos. Tampoco la Administración de Justicia se libra: un 48% declara que funciona mal o muy mal y un 61,6% achaca estos problemas a la falta de medios.
Además, el barómetro refleja que las preocupaciones de los españoles no han cambiado en los últimos meses, aunque sí su intensidad. El paro encabeza una vez más la lista con un 83,9%, el porcentaje más alto desde octubre de 1997, según el banco de datos del centro. Los problemas de índole económico son los segundos que más preocupan a los encuestados (51,6%). En tercer lugar se encuentra la clase política (17,8%).
Estos datos se desprenden del barómetro de febrero del CIS, centrado en analizar cómo valoran la labor del legislador y de la justicia. Ni el uno ni la otra salen bien parados.
De todas las instituciones que, de una u otra manera, intervienen en estos asuntos solo la Policía Nacional (6,15) y la Guardia Civil (6,32) aprueban. Entre los suspensos, destacan los entes más relacionados con los políticos: el Gobierno central (3,36) y las Cortes (3.96) reciben las peores notas.
Sin embargo, los profesionales directamente relacionados con la Administración de Justicia aprueban todos: jueces, abogados, fiscales, policías judiciales y personal administrativo.
Los encuestados, sin embargo, tienen una buena opinión de los ciudadanos y defienden que son cumplidores de las leyes (51,7%) y son exigentes con sus derechos (58%), aunque no todos son plenamente conscientes de ellos.
Por último, los encuestados no tienen ninguna confianza en la actuación de la justicia cuando tienen que enfrentarse a entidades y personas con poder. Así, los españoles se sienten indefensos ante un ciudadano rico en influyente (74,7%), una gran empresa o banco (72,3%), Hacienda (68%) y la Administración (67,2%).
